El presidente de Murcia dijo ayer que “no hay razones para acatar” una ley que aún no se encuentra en su “punto final”, “ahora el Constitucional debe resolver a favor o en contra de la petición del Partido Popular de suspensión de la norma”.
Sáenz de Santamaría ha reconocido que “La ley ha entrado en vigor y es aplicable; pero que pediría al Ministerio de Sanidad que atienda las innumerables peticiones de información y claridad que se le piden”.
Respecto de las “trabas” de algunas comunidades autónomas, ha dicho que quien “tiene que hacer una reflexión” es el Gobierno central, ya que la tramitación parlamentaria de la ley se caracterizó por “la falta de consenso social”. Ley que ha sido aprobada ya en el Congreso.
Paralelo al burdo teatrillo político, cientos de mujeres murcianas son privadas de su legítimo y libre derecho a decidir sobre su futuro y el de su propia vida por un capricho electoral del Partido Popular de Murcia. Porque cabe recordar que cerca del 85% de las intervenciones que se llevan a cabo en la Región son realizadas en clínicas y no en hospitales públicos, muchas otras ilegalmente en condiciones sanitarias precarias para las pacientes y precarias laboralmente hablando para los trabajadores de éstos “centros sanitarios”. Están ante una situación de indiferencia, desidia y dejadez por parte de la derechona católica más reaccionaria de la Región de Murcia, que más que buscar el desarrollo en la región y la expansión de libertades y derechos las mujeres y hombres que la habitamos, busca la perpetua confrontación de la ciudadanía y el discriminarnos como murcianas ante el resto de ciudadanos del estado español, con toda la camarilla del avispado Obispado de Cartagena orquestándolo de fondo.
No se ponga a las mujeres en su contra señor Valcárcel, porque puede que le salga caro en un futuro no lejano ya que puede que su tan querida cifra del 40% de abstención electoral en toda la Región no esté siempre a su favor.
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